- Barcelona gastó la mitad que una Madrid enfrascada en los Juegos Olímpicos
- El TC no observó la utilización de la publicidad por réditos electorales
- No obstante, advierte de que puede haber un uso prolongado y encubierto
- Critica el pago de comisiones a mediadores sin justificación
- Denuncia que varios entes se solapen en campañas de promoción de la ciudad
Barcelona gastó así la mitad que una Madrid enfrascada en la reforma de la M-30 y los frustrados Juegos Olímpicos.
El Tribunal de Cuentas ha desglosado el gasto en publicidad de estas ciudades, 2.674 contratos en total en estos tres años, la mitad de menos de 12.000 euros, y ha lanzado una advertencia: "la publicidad y comunicacion institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos".
El organismo pide al Gobierno que tome medidas dado el "relevante coste" en las arcas municipales de estos instrumentos. Además, recuerda que la publicidad institucional sólo puede un medio de información o educación para que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes sobre aspectos de interés general (sanidad, bienestar social) o sobre circunstancias que afecten a algunos servicios (cortes en transporte público).
Esto "no puede predicarse de alguno de los contratos analizados", advierte el organismo. Aunque en su estudio "no observó la específica utilización de la publicidad para alcanzar réditos electorales" a corto plazo, el Tribunal si advierte de que la propaganda encubierta mediante "periodos prolongados" puede inducir al ciudadano a una determinada opción política con independencia de que su punto culminante no se alcance en el periodo electoral.
Eventos deportivos y anuncios sin concurso público
Hay dos casos en los que estos ayuntamientos incumplieron la normativa básica que aplican tanto el Estado como las comunidades autónomas.
Por una parte, algunos contratos publicitarios se realizaron mediante procedimientos que no permitieron el concurso libre de empresas. Además, salvo Zaragoza, el resto de ayuntamientos contrató publicidad a través de agencias externas pese a contar con gabinetes de prensa propios.
Ello supuso el pago de comisiones "sin que en ninguno de los casos conste una justificación". Por ejemplo, Barcelona realizó un concurso en 2007 para elegir el Servicio de Mediación e Inserción de Publicidad en Micromedios "sin realizar un estudio previo" sobre su utilidad, actuación que supuso pagar un 7% en comisiones de mediación.
Por otra, el objetivo de algunos contratos era ajenos a la publicidad institucional, sirviendo en su caso como promoción de "eventos restringidos, normalmente deportivos", y de actos "patrocinados por el propio ayuntamiento".
El Tribunal de Cuentas denuncia el caso de Sevilla, donde la "ausencia de un canal único de gestión de las facturas" provoca un "alto riesgo de error" en los pagos derivados de las mismas". Aunque no detectó duplicidad en los pagos por publicidad, el organismo sí recibió por varias vías la documentación y las facturas que pidió para su estudio.
Extraído de El Mundo (Javier González)
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