El Gobierno de Venezuela continúa con su objetivo de regular los medios de comunicación en el país. Para ello presentó el pasado jueves varios proyectos con los que intentará quitárselos a las oligarquías para transferirlos a las comunidades.
Entre las medidas que se van a llevar a cabo se incluye la confiscación de señales de radio, la prohibición de los circuitos radiales o la revisión y regulación de canales de televisión por suscripción.
La semana pasada se anunció que se podrían revocar la concesión a 240 emisoras que no se sometieron a su proceso de actualización de datos. Según la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, la medida afectará al 40% del total.
Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Diosdado Cabello afirmó ante la Asamblea Nacional que busca "democratizar el espacio radioeléctrico" para defender la salud mental de la población. Para la oposición, estas medidas buscan frenar la libertad de expresión.
Según Cabello, el 32% del espacio radioeléctrico está en manos de 27 familias. Con las medidas, unas 500 frecuencias que se crearían con la digitalización del espacio serían distribuidas "entre las comunidades".
Respecto a la prohibición de los circuitos de emisoras, dijo que las cadenas generan la información y la opinión en Caracas intentando "destrozar la revolución bolivariana" e influyendo en las regiones.
El ministro también pidió a la Asamblea, dominada por los seguidores del presidente Hugo Chávez, colaborar aprobando las "leyes revolucionarias", sin importar que la oligarquía llore.
Otro de los proyectos es la regulación de la televisión a través de suscripciones, ya que, según Cabello, un 50% de las cadenas infringen la ley.
El ministro asegura que varias empresas bloquearon las señales o quitaron el volumen del canal oficial de televisión y la cadena regional Telesur mientras se reportaba el intento de regreso al poder de Manuel Zelaya, que cuenta con el apoyo de Chávez, a Honduras.
A todas estas regulaciones su suma la discusión sobre una ley de periodismo. La fiscal general hizo una petición la semana pasada para crear una legislación contra los delitos mediáticos y aparecieron amenazas de cierre contra el canal opositor Globovisión.
Extraído de El Mundo
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