El silencio de los funcionarios

Suena el teléfono. Tuuuu, tuuu... Oficina de relaciones públicas, una voz contesta.

—Buenas, soy periodista, quiero solicitar una entrevista con el delegado del Cites en Nicaragua.

—Deme sus datos, los responsables no están en este momento.

Éste es el comienzo casi generalizado de cualquier gestión de información con diversos funcionarios del Estado desde hace meses.

Con la nueva política de comunicación, escrita del puño y letra de la Primera Dama, Rosario Murillo, el Gobierno pretende mantener la información “incontaminada” como dice en el texto, lo que en la práctica se traduce en que los funcionarios no brindan información, los divulgadores tienen prohibido divulgar y existe una especie de rechazo a los periodistas independientes.

Algunos especialistas en comunicación, como Guillermo Rothschuh Villanueva, sostienen que este panorama estaba clarísimo desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder. Sin embargo, con el pasar del tiempo la política de “incomunicación” de parte de las instituciones públicas ha ido incrementando.

Ya no se guardan en secreto los datos presupuestales, las licitaciones, si no que ahora los funcionarios ven como un peligro hablar en cualquier medio que no pertenezca al circuito oficialista o que no esté debidamente autorizado por la poderosa oficina de la Primera Dama. Dan largas a la información solicitada sobre biodiversidad y medioambiente, por ejemplo. Aquí el que calla gana puntos y el que habla pierde su puesto.

Rothschuh Villanueva afirma que hubo lugar a despistes con aquel discurso dictado por el presidente Daniel Ortega, en el que en noviembre del 2006 dijo que estaría abierto a la crítica, pero un par de meses después, con la filtración de la llamada Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que busca prevenir la “contaminación” de la información a través de los medios de comunicación independientes, todas las esperanzas de apertura se vinieron abajo.

“Desde que se inició la nueva gestión de gobierno fue claro que una de las determinaciones que habían tomado era la de mantener cierta distancia con relación a los medios de comunicación porque ya tenían, argumentaron, una visión de que los medios se habían contrapuesto a su llegada al poder y que esa actitud iba a continuar en el tiempo”, recuerda Rothschuh.

La Política de Comunicación de Murillo pretende manejar la agenda, pero contrario a lo que Rothschuh dice haber creído en algún momento, ese “manejar la agenda era tener una propia en contraposición con los medios de comunicación”. Y están cumpliendo su cometido.

Para lograr una entrevista con un funcionario público se debe pasar por un proceso largo que incluye el “visto bueno” de un sinnúmero de responsables, entiéndase, en primer lugar el Consejo de Comunicación y Ciudadanía dirigido por Rosario Murillo, el ministro o responsable máximo de la institución en cuestión, la oficina de divulgación y finalmente, si hay suerte, como casi nunca sucede, habrá entrevista.

12 de febrero, 2008.
Comisionado Alonso Sevilla:
A través de la presente hago la solicitud de entrevista con la Comisionada Mayor Vilma Reyes, para tratar el tema de las “mordidas” a los agentes de tránsito.
Espero su confirmación.
Éste fue el primero de seis correos electrónicos que Domingo envió a la oficina de Relaciones Públicas, en busca de una entrevista con un funcionario de esta institución. La respuesta llegó 49 días después.

La primera comunicación de estableció vía telefónica con el entonces jefe de Relaciones Públicas, comisionado Alonso Sevilla, quien sugirió que se enviara la petición por correo electrónico.

Por esos días de febrero Domingo preparaba un reportaje sobre los sobornos a los agentes de tránsito y requería entrevistar a la directora de Asuntos Internos, comisionada mayor Vilma Reyes, sin embargo, luego de visitas insistentes y más llamadas telefónicas recordando la solicitud, la respuesta continuó en espera hasta que, a finales del mes Sevilla fue retirado del cargo y la comisionada mayor Reyes asumió la función de jefa de Relaciones Públicas.

3 de marzo, 2008.
Comisionada Mayor Vilma Reyes:
Primeramente permítame felicitarle por la nueva responsabilidad asumida. Por otra parte, le solicito formalmente una entrevista que será publicada en la edición Domingo de La Prensa. Estamos interesados en dedicar el espacio de la entrevista central para hablar entre otros temas sobre su experiencia en la dirección de Asuntos Internos y por consiguiente los retos que espera al frente de la dirección de Divulgación y Prensa.
Espero su respuesta positiva.

A este mensaje, tampoco hubo respuesta. Al establecer comunicación telefónica con Reyes se justificó diciendo que necesitaba pedir autorización a la jefa de la Policía Nacional, la comisionada mayor Aminta Granera. Entonces, para no esperar por más autorizaciones, Domingo solicitó que la entrevista fuese con la comisionada Granera. Una semana después la respuesta de Reyes fue que la comisionada Granera estaba enferma. Del otro tema no hubo respuesta.

Del correo electrónico pasamos a las visitas insistentes a la oficina de Relaciones Públicas y las llamadas telefónicas, hasta que el 26 de marzo, Reyes solicitó que le enviáramos nuevamente las mismas preguntas por correo electrónico. Al final, obtuvimos respuestas escuetas y ninguna de las entrevistas solicitadas.

A pesar que la Policía Nacional es una institución que no responde directamente a la Política de Comunicación dictada por el Gobierno, estos retrasos en la información, forman parte de una práctica que se ha generalizado en todas las instituciones gubernamentales.

Los funcionarios están mudos y las oficinas de divulgación mienten y retrasan la información. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), que antes era uno de los más eficaces cuando se les solicitaba información, ahora es todo lo contrario.

Hace tres semanas se solicitó una entrevista con el delegado de esa institución para la Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Espacies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), y hasta ahora no hemos recibido una respuesta concreta, a pesar que el funcionario dijo estar dispuesto a brindar la información solicitada, sin embargo, necesita la autorización de la divulgadora Vanesa Arreata, la que a su vez necesita consultar con la ministra Juana Argeñal, la que durante “toda” la semana estuvo ocupadísima, según dijo Noel Arbizú, también funcionario de la oficina de divulgación. Y es un secreto a voces que los ministros necesitan autorización de Murillo para hablar ante cualquier medio fuera del circuito “oficialista”

La directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, afirma que “este Gobierno está estableciendo una especie de política de Estado en contra de la información, de irrespetarle a la gente su derecho a estar informado”.

A pesar de que el país cuenta ahora con una Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada el 16 de mayo del 2007, Chamorro considera que ésta fue una “respuesta de mala gana” nada más para cumplir un requisito que el Gobierno tenía pendiente con varios organismos internacionales. En la práctica, no se respeta la Ley. Los resultados han sido negativos.

En un estudio realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con periodistas de medios escritos e independientes, se constató el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. De diez solicitudes hechas a siete instituciones, cuatro no obtuvieron respuestas, dos fueron denegadas, una recibió la información equivocada y solamente tres solicitudes fueron respondidas correctamente.

Si se calificase del 1 al 10 la efectividad de las instituciones públicas en el cumplimiento de esta importante Ley, según Cristiana Chamorro, el Gobierno saldría aplazado.

“Incluso en las respuestas positivas que dieron, por ejemplo, en la Asamblea Nacional dieron una información que se pidió igualmente en el Ministerio de Gobernación, pero Gobernación no la dio. Entonces ves claro que en la Asamblea hay otros actores que no están totalmente subordinados a los mandatos del Presidente, pero las instituciones del Estado están muy reprimidas”, argumenta.

Para la directora de la Fundación Violeta Barrios, lo que existe de parte de los funcionarios es temor. Miedo a hablar. Y lejos de ser ésta una barrera, afirma que “el periodismo ha hecho todo lo que ha podido para acudir a la creatividad y poder lograr información a pesar de que las fuentes están cerradas y opuestas”.

Guillermo Rothschuh sostiene que con el gobierno de Daniel Ortega “se han creado muros de contención para evitar que se dé información pública a los medios de comunicación independientes”, pero esto “está teniendo efectos contraproducentes al mismo Gobierno”.

Según Rothschuh la situación no tendría ninguna importancia si no se tratara de asuntos de Estado. Pero “todo cuanto hagan o dejen de hacer los gobernantes afecta el discurrir de esta sociedad y también incide en la calidad de la democracia que vive el país”.

Dado que Éste es un año de importancia electoral, desde el pasado primero de abril, Domingo solicitó una entrevista con el presidente del Consejo Supremo Electoral, el magistrado Roberto Rivas.

En principio se trató de establecer contacto con el vocero de esa institución, Félix Navarrete, pero dadas las largas en la respuesta. La periodista Lesly Medina decidió hacer la solicitud directamente con el magistrado Rivas. Debido a que éste no contestó las llamadas telefónicas a su móvil, se acudió a su asistente, quien finalmente dijo que sería imposible la entrevista.

Este miércoles pasado nuevamente Domingo ha solicitado entrevistar al magistrado Rivas, esta vez la petición se hizo al correo electrónico que el mismo Félix Navarrete proporcionó, sin embargo, la respuesta no ha llegado. Ni sí, ni no.

“Hay secretismo, no invitan a los medios a las actividades oficiales. Uno tiene que trabajar con lo que encuentra. (En el Minsa) Todavía no se ha revocado la orden, yo estoy trabajando sin llegar al Ministerio de Salud, pero siempre hay gente que me llama, que me informa, es más, yo ando detrás del Ministro (de Salud), donde me doy cuenta que va a estar, llego y él se me corre. Desde que hicimos la denuncia pública hasta la fecha, apenas ha tenido una o dos actividades públicas y sin avisar a los medios”, sostiene el periodista de El Nuevo Diario, Melvin Martínez, a quien por primera vez le han cerrado las puertas de una institución pública, bajo orden del ministro Guillermo González.

El periodista Martínez asegura que el Ministerio de Salud es la única fuente con la que ha tenido ese tipo de problemas, pero la falta de información en las demás instituciones es igual.

Todo indica que los únicos medios autorizados para que los funcionarios brinden declaraciones, son los oficialistas Canal 4 y Radio Ya, donde sin ninguna restricción comparecen ministros y directores de entes públicos. Claro está que lejos de cuestionar sus gestiones, en estos espacios los funcionarios gastan el tiempo en sólo dar “buenas noticias”.

La política contamina y cuando nadie responde a las preguntas, surgen los rumores. Hace dos semanas se especuló sobre una inflación extrema. Se dijo que hasta se devaluaría la moneda y que el cambio del córdoba llegaría a 25 por un dólar.

Días después el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, trató de desmentir el rumor pero no hubo mayores explicaciones. Y durante esta semana el economista Néstor Avendaño calculó que en este 2008 el país alcanzaría una inflación del 27 por ciento. ¿A quién creerle?

“Cuando no hay información, los rumores aparecen. Ya lo vimos con los rumores de devaluación. Y contrario a lo que supone alguna gente, los rumores son alguna forma de información. Y recordemos que la historia política de Nicaragua, el rumor es un arma que se ha blandido en distintos momentos”, explica Rothschuh.

Para este experto en comunicación, la única forma de hacerle frente a ese tipo de rumores es logrando una apertura del Gobierno. ¿Pero ocurrirá eso en Nicaragua?

En el gabinete de Daniel Ortega se han escuchado algunas voces. En una reunión con la comunidad donante y el gabinete económico, Rosales señaló que “no puede existir el secretismo (en el Gobierno), sino que debe haber apertura informativa a todas las fuentes”. A la vez el funcionario público señaló que los periodistas debían decir no lo que se le antoja a los funcionarios públicos, sino lo que ellos observan.

“Recordemos que es mejor ver una vez que oír cien veces”, enfatizó Rosales.
Este hecho aislado, según Chamorro, se debe resaltar positivamente ya que hay algunas instituciones del Estado que han mostrado interés por formar las oficinas de Acceso a la Información Pública.
“Lo que pasa es que está la orden de que se formen, pero no hay respaldo hacia éstas, no hay respaldo institucional, de presupuesto, de apoyo, de cumplir todos los requisitos necesarios para poder servirle con la información al público”, dice Chamorro.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Ya lo sentencia el dicho popular. Con una Ley de Acceso a la Información Pública, tan promovida y esperada, muchos creyeron que las instituciones y los funcionarios públicos se verían obligados a rendir cuentas, sin embargo, las largas en las respuestas, la entrega de información equivocada o el simple silencio, son negativas para el ejercicio del periodismo. Una historia que parece de nunca acabar y que según el experto en comunicación, Guillermo Rothschuh, inició hace más de cincuenta años.

Extraído de La Prensa (Martha Solano)