El concurso de los 'superchirimbolos' ha tenido una triste tradición en la ciudad de Madrid desde los años 90: la sospecha, y las denuncias oportunas, de realizar concursos no muy limpios.
El último que adjudicó el Consistorio de la capital en diciembre de 2006 para la colocación de esas pantallas gigantes en la vía pública no iba a ser diferente. La denuncia en el tribunal de una de las empresas que participó en la convocatoria y que no fue adjudicataria, Viacom, ha provocado que un juez solicite al Ayuntamiento todo el expediente del concurso.
La Concejalía de Medio Ambiente ha tenido que microfilmar el dossier porque el magistrado quería el informe original en sus dependencias. Fuentes municipales restaron importancia a este reclamo y aseguraron que es un trámite más en un contencioso administrativo que no tiene ningún significado especial.
Sin embargo, mientras el Ayuntamiento llena la ciudad de 'superchirimbolos', Viacom acudió a los tribunales porque considera que el concurso no ha sido justo. Ellos presentaban una oferta económica mayor que los ganadores, la Unión de Empresas Temporal (UTE) Clear Channel y Cemusa. Concretamente el Ayuntamiento hubiera ingresado 73 millones más de los que ha obtenido con la adjudicación.
Además, Viacom asegura que no se valoró la opción medioambiental ni el diseño ni la colocación de los chirimbolos que tenía. Fue, curiosamente, en la propuesta comercial donde se tiró para atrás a la última contrincante de la convocatoria.
El Ayuntamiento consideró que el proyecto económico de Viacom era inviable, porque se basaba en campañas de publicidad semanales y preveía una ocupación del espacio adjudicado de hasta el 90%.
Según la opinión de los técnicos municipales, con este planteamiento se corría riesgo de no poder cumplir su nivel de ingresos y ante la perspectiva de que el Consistorio tuviera que romper el contrato por no cumplir todos sus términos, optaron por la propuesta de Viacom, más baja económicamente pero más "fiable".
El juzgado tendrá que decidir ahora si el concurso cumple la normativa o si ha habido alguna irregularidad en la adjudicación o en su tramitación. Por lo pronto, el próximo 14 de noviembre, el concurso se examinará por los grupos de la oposición en la Comisión municipal de Vigilancia de las Contrataciones.
La Concejalía de Medio Ambiente ya tuvo que rescindir el contrato de los famosos relojes por no cumplirse las condiciones de adjudicación. Entonces, ambas partes amenazaron con llevar el concurso a los tribunales. La oposición acusó al Consistorio de supuestas irregularidades como cambiar los informes técnicos previos a la adjudicación. Al final, se salvó con una indemnización económica por parte del Ayuntamiento.
Extraído de El Mundo
